Nativos al borde del despojo. Comunidades nativas estarían contando las horas antes de ser desalojadas por el Decreto Legislativo 1333, anunciado por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynshi. Todo para favorecer a grandes inversiones.
Están vulnerando sus derechos. “Han promulgado a espaldas de las comunidades nativas y no lo vamos a permitir”, señaló el presidente del gobierno indígena de la etnia Wampis, Wrays Pérez. No solo son unas cuantas familias, sino que son 15 mil nativos en ocho comunidades de las regiones Amazonas y Loreto.
Amazonas rechaza rotundamente dicho decreto, ya que el gobierno con desespero busca quitar predios para sus proyectos de inversión en infraestructura como: explotación petrolera, carreteras, líneas ferroviarias y aeropuertos. Sin realizar el estudio previo.
Esto me hace recordar al gobierno de Ollanta y el problemón que se ganó con el “proyecto Conga”, donde los pobladores paralizaron todo la provincia de Cajamarca para detener el daño que recepcionan por parte del Estado y las mineras involucradas.
El dirigente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), Marcelino Bustamante resaltó:
“Mi organización se encuentra preocupada porque el gobierno aplica «medidas neoliberales» que pretenden sacarlos de sus territorio. Los pueblos nos estamos preparando para combatir esa norma».
El Decreto en discusión
Con la facultad que le fue otorgado a PPK para legislar en la materia de reactivación económica, lanzó el siguiente Decreto Legislativo Nº 1333.
“Decreto Legislativo para la simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados».
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), resalta que los pobladores de la zona afectadas tienen derecho sobre sus tierras ancestrales y el Estado no puede interrumpirlos sin el consentimiento de sus dueños.
«Así tengas título o no lo tengas, eres dueño por tradición ancestral», sostuvo Pérez.
Los awajún, una comunidad que ha logrado conservarse con el paso del tiempo, siendo los descendientes de los guerreros jíbaros, están bien instalados en el Amazonas. Ellos se sienten amenazados por esta norma.
Vanessa Cueto, presidenta de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) presentó su preocupación frente a estos atropellos, porque los nativos corren el riesgo directa e indirecta:
«Nos preocupa que, por su afán de agilizar las inversiones, se otorgue el derecho de propiedad a empresas que soliciten el saneamiento. Se pone en grave riesgo el derecho al territorio de las comunidades indígenas comprendidas dentro del área de influencia directa o indirecta de los proyectos de inversión».
El ciudadano de a Pie 